The LAW Way

Aviso legal: Esta publicación tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye asesoría legal ni pretende influir en posturas o acciones políticas. Expreso mi profundo respeto por las instituciones de los Estados Unidos y por la solemnidad de sus procesos. Nada en este contenido debe interpretarse como crítica, protesta o mensaje político. Mi único propósito es ayudar a aclarar temas jurídicos complejos para quienes buscan comprenderlos. Para recibir orientación personalizada, consulte a un abogado de inmigración debidamente autorizado. —Lissie

El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden procesal en el caso Noem, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, et al. v. National TPS Alliance, et al., concediendo la solicitud del gobierno de suspender (stay) la medida cautelar emitida por un tribunal inferior. Aunque la decisión no resolvió la cuestión de fondo sobre si la cancelación del TPS para los venezolanos es legal, sí tiene implicaciones inmediatas y significativas para miles de personas.

Esta publicación explica el marco legal que regula las solicitudes de suspensión, cómo se enmarca esta decisión de la Corte dentro de ese esquema, y qué significa en la práctica — tanto desde una perspectiva técnica jurídica como en un lenguaje claro y comprensible.

Contexto legal del caso

A principios de 2025, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció la cancelación de la redesignación del TPS para Venezuela realizada en 2023. El TPS es una forma de protección humanitaria otorgada por ley bajo el 8 U.S.C. § 1254a, que permite a personas provenientes de ciertos países vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos cuando enfrentan situaciones extremas como conflictos armados o desastres naturales.

Tras ese anuncio, titulares de TPS y organizaciones de defensa interpusieron una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, alegando que la cancelación violaba protecciones constitucionales, incluyendo la cláusula de igualdad ante la ley (Equal Protection Clause). El 31 de marzo de 2025, el juez Edward Chen emitió una medida cautelar preliminar, bloqueando temporalmente la cancelación al considerar la posibilidad de un daño irreparable para los titulares del TPS.

La orden de la Corte Suprema

El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema concedió una suspensión (stay) de la orden del juez Chen. Esto significa que la medida cautelar quedó pausada — el gobierno puede continuar con la cancelación del TPS para los venezolanos bajo la redesignación de 2023, mientras el caso es revisado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

La orden fue emitida sin firma ni justificación detallada. La jueza Ketanji Brown Jackson disintió, señalando que ella habría negado la solicitud del gobierno.

Estándares legales para conceder una suspensión (stay)

La decisión de otorgar una suspensión se basa en un test de cuatro factores, establecido en los casos Nken v. Holder, 556 U.S. 418 (2009) y Hilton v. Braunskill, 481 U.S. 770 (1987):

1. Una sólida probabilidad de que quien solicita la suspensión gane el caso al final;
2. Daño irreparable para el solicitante si no se concede la suspensión;
3. Que la suspensión no cause un daño sustancial a otras partes; y
4. Que conceder la suspensión sea compatible con el interés público.

En el contexto de la Corte Suprema, se consideran además:

• Una probabilidad razonable de que al menos cuatro jueces voten por aceptar el caso (certiorari);
• Una posibilidad significativa de que la Corte revierta la decisión del tribunal inferior;
• Y que el daño al gobierno se valore junto al interés público cuando éste es el solicitante.

Aunque la Corte no justificó su razonamiento en la orden, el hecho de que concediera la suspensión implica que una mayoría de jueces concluyó que la balanza de estos factores favorecía al gobierno — lo que también sugiere implícitamente que consideran fuerte la posición legal del gobierno.

¿Significa esto que la Corte considera legal la cancelación del TPS?

Formalmente, no. La Corte no ha emitido una sentencia sobre si la cancelación del TPS es legal o constitucional. El litigio sigue su curso en el Noveno Circuito.

En la práctica, quizás sí — hasta cierto punto. Conceder una suspensión bajo el estándar de Nken requiere que el solicitante (en este caso, el gobierno) demuestre una “fuerte probabilidad” de éxito en los méritos del caso. Por lo tanto, aunque sea una decisión procesal, refleja una valoración preliminar positiva sobre la posición del gobierno.

Esta es una distinción que a menudo se pasa por alto fuera del mundo jurídico. Aunque la Corte no ha resuelto el fondo del caso, sí ha permitido que la cancelación del TPS avance mientras se resuelve el proceso legal.

Nota sobre la revisión judicial del TPS

Bajo la disposición 8 U.S.C. § 1254a(b)(5)(A), las decisiones del Secretario del DHS sobre la designación o cancelación del TPS no están sujetas a revisión judicial. Sin embargo, los tribunales han determinado que esta limitación no impide revisar reclamaciones constitucionales, como alegaciones de discriminación o violaciones al debido proceso. Esa es precisamente la base jurídica de esta demanda.

¿Qué se necesita para que la Corte Suprema conceda una suspensión?

Como hemos visto, esta decisión no resuelve el caso, pero sí permite que una de las partes (el gobierno) actúe mientras el litigio continúa. ¿Cómo decide la Corte si debe conceder ese permiso?

Estos son los cuatro elementos que toma en cuenta, explicados en palabras simples:

1. ¿Es probable que el gobierno gane el caso al final?

La Corte se pregunta:

“¿Creemos que el gobierno probablemente tendrá la razón cuando el caso se decida?” Si la respuesta es sí, es más probable que se conceda la suspensión.

2. ¿Sufriría el gobierno un daño grave si no se concede la suspensión?

Aquí la Corte considera si mantener el TPS en vigor causa problemas serios al gobierno (por ejemplo, en la aplicación de políticas o uso de recursos).

3. ¿Se perjudicaría demasiado a otras personas si se concede la suspensión?

La Corte también piensa en los titulares del TPS:

“¿Les causaría esto un daño grave o injusto?” Incluso si el gobierno tiene buenos argumentos, este daño importa.

4. ¿Es lo mejor para el país conceder la suspensión?

La Corte evalúa si suspender la orden del tribunal inferior favorece al interés público general.

Cuando el gobierno es quien solicita, los últimos dos factores suelen analizarse juntos.

¿Qué significa esto para ti?

Conceder la suspensión no significa que la Corte haya dicho que la cancelación del TPS es legal — pero sí indica que cree que el gobierno tiene argumentos suficientemente fuertes como para proceder mientras el caso continúa.

En otras palabras, no es la última palabra, pero sí cambia lo que pasa ahora, y eso tiene impacto real.

Mientras la batalla legal sobre el TPS continúa en los tribunales, este momento pone en evidencia una verdad más profunda: las soluciones temporales dejan vidas en el limbo. Ahora más que nunca, es fundamental apoyar vías legislativas que ofrezcan estabilidad a largo plazo. Una de esas opciones es el Venezuelan Adjustment Act (VAA) — una propuesta bipartidista impulsada por la comunidad que permitiría a los venezolanos elegibles solicitar la residencia permanente. Independientemente de cómo fallen los tribunales sobre el TPS, la protección duradera requiere acción del Congreso, y esa acción comienza con una comunidad informada.