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Venezuela: crisis de DD. HH. persistente

Descargo de responsabilidad

Esta publicación es únicamente informativa y educativa. Soy abogado en Venezuela y recientemente graduada de la escuela de derecho en Estados Unidos, J.D./LL.M., pero aún no estoy autorizada para ejercer la abogacía en Estados Unidos. Nada de lo aquí expuesto constituye asesoría legal. Cada caso es distinto; las personas deben consultar en confidencialidad con un abogado licenciado en Estados Unidos, sobre sus circunstancias específicas.

Por qué importa

Venezuela sigue experimentando graves violaciones de derechos humanos. Este texto ofrece documentación basada en evidencia que puede resultar de ayuda para apoyar solicitudes de asilo e informar al público —dentro y fuera Estados Unidos— sobre la realidad de la represión.

Como graduada en Derecho (J.D./LL.M.) con enfoque en derechos humanos y derecho de inmigración, y actualmente investigadora, presento hechos sustentados en informes de organismos internacionales y de la sociedad civil venezolana.

A pesar del escrutinio internacional, Venezuela continúa siendo un país donde la disidencia se criminaliza, la sociedad civil es hostigada y las libertades fundamentales se restringen no solo en las calles, sino también mediante marcos legales diseñados para silenciar voces críticas.

Detenciones arbitrarias y presos políticos

Organizaciones de la sociedad civil reportan detenciones arbitrarias de forma sistemática.

  • Movimiento Vinotinto documentó 156 nuevos presos políticos entre mayo y julio de 2025 durante la “Operación Tun-Tun”, con allanamientos nocturnos y sin órdenes judiciales.
  • Foro Penal reportó más de 800 presos políticos a mediados de 2025, con picos por encima de 900.

“Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de una política sistemática.” — Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (2025)

Caso destacado: Pedro Hernández

El 16 de septiembre de 2025, el defensor de derechos humanos Pedro Hernández, director de la ONG Campo y miembro honorario de Movimiento Vinotinto, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana en Yaracuy. Al día siguiente fueron arrestados su padre (Pedro Hernández Serrano) y su esposa (Natalia Álvarez). El caso ilustra cómo la represión alcanza a defensores y a sus familias, extendiéndose más allá de la persona activista.

Desapariciones forzadas y tortura

  • Amnistía Internacional, en Detenciones sin rastro (julio de 2025), documentó al menos 15 desapariciones forzadas tras las elecciones de 2024. Las víctimas permanecieron incomunicadas, sin acceso a defensa y con denuncias de tratos crueles.
  • Human Rights Watch (abril de 2025) confirmó el patrón: desapariciones forzadas, tortura e incluso homicidios cometidos por fuerzas de seguridad.

Ejecuciones extrajudiciales y uso de la fuerza

Según el Informe Anual 2024 de PROVEA, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 522 personas en 2024. En los últimos cinco años, más de 6.400 personas han muerto en operaciones similares.

Estas prácticas, frecuentes en barrios populares, vulneran las obligaciones del Estado bajo el PIDCP (art. 6) y la CADH (art. 4), que garantizan el derecho a la vida.

Represión de la expresión y derechos digitales

La represión también se desplaza al entorno digital.

  • Movimiento Vinotinto reportó que el 90% de las y los defensores redujeron su actividad en línea por temor, y 33 sitios fueron bloqueados tras las elecciones de 2024.
  • VE sin Filtro documentó 79 bloqueos durante y después del proceso electoral.
  • Espacio Público registra decenas de agresiones contra periodistas en 2025.

Impacto psicológico en la sociedad civil

El daño no es solo físico. El Manual de Primeros Auxilios Psicológicos de Movimiento Vinotinto muestra cómo la “Operación Tun-Tun” generó ansiedad, depresión y miedo en defensores, sindicalistas y periodistas, inhibiendo el activismo incluso sin detención física.

Rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI)

Venezuela enfrenta una de las investigaciones más relevantes de la CPI en América Latina.

  • Venezuela I: investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad desde abril de 2017.

Aunque no es el único país bajo escrutinio de la CPI —también Libia, Myanmar/Bangladés, la República Democrática del Congo y Afganistán, entre otros—, Venezuela es de los pocos en la región con este nivel de seguimiento.

Por qué esto importa para las solicitudes de asilo

Las investigaciones de la CPI implican acopio de pruebas, testimonios y documentos oficiales, que a menudo coinciden con los hallazgos de la ONU y las ONG. Para solicitantes de asilo, esto demuestra que instituciones internacionales creíbles reconocen el riesgo de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, reforzando alegaciones de persecución o miedo creíble.

Marco jurídico restrictivo y castigo a la familia

La represión en Venezuela no solo la ejecutan las fuerzas de seguridad: también está codificada en leyes que convierten actos legítimos de oposición, expresión o asociación en delitos, otorgando a las autoridades una amplia discrecionalidad para detener, procesar y castigar.

Ley Constitucional contra el Odio (2017)

Presentada como norma para “promover la convivencia”, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia se ha convertido en herramienta de persecución:

  • Art. 11: permite prohibir partidos políticos acusados de “promover el odio” —concepto vago que se usa para suprimir a la oposición.
  • Arts. 13 y 14: criminalizan mensajes considerados de “odio” en medios y redes, con penas de hasta 20 años.

Desde la óptica de derechos humanos, la ley institucionaliza la persecución de la disidencia y contraviene el PIDCP art. 19 y la CADH art. 13 (libertad de expresión). En la práctica, facilita procesar penalmente a periodistas, defensores y ciudadanos por publicaciones críticas.

Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (2021)

La reforma del COPP de 2021 profundiza el control judicial y amplía la detención arbitraria:

  • Art. 237: autoriza prisión preventiva con alegaciones ambiguas de “conducta predelictual”, debilitando la presunción de inocencia.
  • Art. 230: permite detención preventiva hasta por 2 años, prorrogable por 1 más, normalizando la prisión prolongada sin condena.

Estas disposiciones vulneran el PIDCP art. 9 (prohibición de detención arbitraria) y el art. 7 (prohibición de tratos crueles), así como la CADH art. 8 (garantías judiciales).

Represión institucionalizada

Conjuntamente, estas normas conforman lo que la literatura denomina “legalidad autoritaria”: se usa el derecho para legitimar violaciones sistemáticas. Se castiga la disidencia como delito y se crean condiciones para tortura, prisión política y persecución. Para fines de asilo, demuestra que la persecución no es aleatoria, sino estructural.

Castigo a la familia (Sippenhaft)

La represión también alcanza a los familiares. Parientes del teniente José Ángel Rodríguez Araña, disidente militar, han sido detenidos por vínculo. La Escala de Riesgo de Movimiento Vinotinto identifica esta represalia familiar como patrón sistémico, contrario al principio de responsabilidad penal individual y generador de un clima de terror comunitario.

Migración e impacto regional

La represión y el colapso socioeconómico han impulsado un desplazamiento masivo. A mediados de 2025, la plataforma R4V (ACNUR/OIM) reportó 6,87 millones de personas venezolanas desplazadas en América Latina y el Caribe: una de las mayores crisis migratorias del mundo.

Anulación de pasaportes contra disidentes

Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, autoridades venezolanas han usado con mayor frecuencia la anulación de pasaportes para restringir la movilidad de periodistas, defensores de derechos humanos y figuras opositoras. Diversas fuentes creíbles muestran cancelaciones sin notificación previa, usualmente detectadas en el aeropuerto, donde el documento es incautado y se impide el viaje.

En su análisis poselectoral, la CIDH documentó un nuevo patrón de “anulación abrupta y arbitraria” de pasaportes que afecta al menos a 40 personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, periodistas y sus familiares. Algunos pasaportes fueron confiscados en el aeropuerto de Maiquetía, mientras que otros se encontraron anulados solo al consultar la página web del SAIME. La CIDH también señaló persecución contra 102 testigos y observadores electorales, y reportó que al menos cinco habrían huido a Colombia tras recibir amenazas de muerte.

Esto no es algo nuevo (2017–2018).

En septiembre de 2018, el periodista Nelson Bocaranda denunció que SAIME anuló su pasaporte (con prórroga vigente) en Maiquetía y retuvo el documento, impidiéndole viajar; medios locales registraron casos similares y la sociedad civil alertó en 2018 sobre anulaciones arbitrarias que restringían la libertad de movimiento.

Evaluación en DD. HH. y asilo.

La anulación arbitraria y selectiva de pasaportes vulnera la libertad de circulación (art. 12 del PIDCP) y constituye persecución estatal. Como herramienta administrativa, castiga la disidencia, obstaculiza la salida segura y empuja a rutas irregulares, aumentando los riesgos. El llamado expreso de la CIDH a restablecer pasaportes confirma la ilegalidad de la práctica y su inserción en un patrón represivo. En asilo, este material respalda el nexo político y el temor fundado.

Persecución en el exilio: ¿Qué implica la anulación de pasaportes?

Cuando las autoridades anulan pasaportes de personas disidentes que ya están fuera de Venezuela, la represión traspasa fronteras y provoca una cadena de afectaciones:

  • Libertad de circulación (PIDCP art. 12; CADH art. 22; DUDH art. 13): La cancelación arbitraria de un pasaporte válido limita viajes, renovación de estatus y tránsito seguro; puede obstaculizar el derecho a entrar al propio país (PIDCP art. 12(4)).
  • Castigo por exilio: Negarse a renovar o anular pasaportes sanciona la opinión política y busca silenciar la incidencia en el exterior—es persecución, no un acto administrativo neutro.
  • Limbo documental: Sin pasaporte válido, hay barreras para trabajo, banca, vivienda, educación, registro civil y servicios, generando condiciones semejantes a la apatridia aunque la nacionalidad siga vigente.
  • Represalias consulares / falta de protección: Negativas a emitir, prorrogar o reponer pasaportes—y amedrentamientos en consulados—indican que el Estado no está dispuesto a proteger (dato relevante en refugio).
  • Unidad familiar e impacto humanitario: La anulación puede impedir reunificación familiar, atención médica transfronteriza y exponer a familiares a represalias (Sippenhaft).

Por qué importa para asilo y protección

  • Evidencia capacidad e intención estatal de causar daño extraterritorial, reforzando temor fundado y nexo(opinión política/activismo).
  • Sostiene que el retorno expondría a nueva persecución y restricciones arbitrarias.
  • Donde proceda, Documentos de Viaje de la Convención de 1951 o figuras humanitarias/temporales del país de acogida pueden mitigar riesgos—busca asesoría jurídica individual.

Evidencia a conservar (para el expediente)

  • Capturas del SAIME con cancelación/error.
  • Registros de aeropuerto/aerolínea (incautación o denegación de embarque).
  • Notificaciones oficiales, correos con consulados y testimonios.
  • Pruebas del contexto de represalia (activismo, periodismo, labor en DD. HH.; amenazas; detenciones previas, denuncias).

Conclusión

La evidencia es contundente: Venezuela mantiene detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, censura y marcos legales que erosionan el debido proceso. Organismos como la Misión de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirman que muchas violaciones alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Para quienes solicitan asilo, estos hallazgos son insumos esenciales de país de origen; para la comunidad internacional, una alerta de que la represión no disminuye: evoluciona.

Lista de referencias rápidas

United Nations

Amnesty International

Human Rights Watch

Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)

U.S. Department of State

Venezuelan NGOs & Civic Monitors

Marco jurídico restrictivo

  • Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, Gaceta Oficial, No. 41.274 (Nov. 10, 2017) (Venez.).
  • Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, Gaceta Oficial, No. 6.644 Extraordinario (Sept. 17, 2021) (Venez.).

Rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI)

  • Int’l Crim. Ct., Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I, No. ICC-02/18 Venezuela I

Anulación de pasaportes contra disidentes

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