Existe una versión de la historia que termina en enero de 2026. Un dictador capturado, presos caminando en libertad, exiliados abordando vuelos de regreso. Es una versión ordenada, y en parte es cierta. Pero basta con mirar quién gobierna realmente el país, quién todavía controla las calles, quién todavía dirige los servicios de inteligencia, y quién realmente tiene permitido volver, para que aparezca un cuadro distinto. La arquitectura que impuso 26 años de control político nunca fue desmantelada. Fue heredada.

Este texto examina tres piezas de esa arquitectura que rara vez aparecen en los titulares en inglés: quién está realmente al mando y cómo llegó allí, los grupos civiles armados conocidos como colectivos, y qué les ocurre a los venezolanos comunes, no solo a políticos exiliados de renombre, cuando son enviados de vuelta a este sistema. Ese último punto importa más allá de las fronteras de Venezuela. Que una persona que enfrenta un regreso, voluntario o no, pueda volver con seguridad a un país depende de si las instituciones estatales que persiguieron a las personas realmente cambiaron. Como se expone en este texto, no lo han hecho. Las mismas personas que dirigían la maquinaria la siguen dirigiendo, y la maquinaria sigue haciendo aquello para lo que fue construida.

Las tres personas que dirigen la transición formaron parte de la maquinaria

Antes de mirar a los colectivos o al SEBIN como instituciones, conviene nombrar a quienes hoy están al frente de ellas, porque ninguno de los tres es nuevo en esto. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no llegaron con la transición. Cada uno tiene un historial documentado y sancionado dentro del aparato del que trata este texto.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro desde 2018 y presidenta encargada de Venezuela desde su captura en enero de 2026, es la más importante de los tres precisamente porque hoy es jefa de Estado. Desde 2018 hasta abril de 2021 ejerció control jerárquico directo sobre el SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano, según reportajes que se basan en el testimonio que el exdirector general del SEBIN, Cristopher Figuera, rindió ante las Naciones Unidas, en el cual afirmó que se comunicaba con ella “prácticamente todos los días”, incluyendo actualizaciones sobre escuchas telefónicas y vigilancia de políticos. Bajo su supervisión, el SEBIN detuvo al dirigente opositor Freddy Guevara en 2021, dos días después de que Rodríguez lo acusara públicamente de vínculos con bandas delictivas. Antes de eso, presidió la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, el organismo que la propia decisión de medidas restrictivas de la Unión Europea (Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo) cita por nombre como impulsor del “continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la designó en septiembre de 2018, señalando que se le habían otorgado “cargos de alto nivel dentro del gobierno venezolano para ayudarlo a mantener el poder y consolidar su gobierno autoritario”. Fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Canadá, y permaneció bajo esas sanciones hasta el 1 de abril de 2026, cuando el Tesoro estadounidense la retiró de su lista de Nacionales Especialmente Designados. Las senadoras Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren escribieron a la administración en mayo de 2026 cuestionando esa decisión, señalando que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU había concluido en 2020 que el SEBIN, la agencia que ella dirigió directamente, cometió crímenes de lesa humanidad, y que el propio informe de la Misión de marzo de 2026 concluyó que las estructuras responsables de la represión permanecen intactas.

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela desde 2021, fue sancionado en la misma ronda de septiembre de 2018 por el mismo motivo declarado: ayudar a Maduro a consolidar un gobierno autoritario. Antes en su carrera fue alcalde del municipio Libertador de Caracas y ministro de Comunicación. Como presidente de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo bajo su liderazgo promulgó las leyes que los informes actuales de derechos humanos, incluido el informe de país de la EUAA de julio de 2026 citado en otro artículo de este sitio, identifican como el andamiaje legal de la persecución en curso: la Ley contra el Odio y la ley que restringe a las organizaciones no gubernamentales. También ha actuado durante años como el negociador principal del gobierno en las conversaciones con la oposición, en Oslo, Barbados y Ciudad de México, lo cual hace que su papel más reciente, atacar públicamente a Foro Penal calificándolo de “brazo político de la oposición” que “manipula” sus cifras de presos, y decirles a los exiliados que “lo superen, nos perdonen y vengan”, sea una continuación de la misma función: gestionar a la oposición y a la diáspora en los términos del gobierno, no un repliegue de la represión sino un cambio de su rostro público.

Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz desde 2024 y uno de los últimos leales de la era chavista que siguen en pie tras la transición, tiene el historial más largo y más grave de los tres. Ha conducido un programa semanal de televisión estatal, “Con el Mazo Dando”, que Amnistía Internacional ha criticado en dos ocasiones: en 2015 por usarlo para hostigar a activistas, y de nuevo en julio de 2025 por anunciar en vivo la detención de un periodista. Los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU encontraron que los colectivos actuaban en coordinación con las fuerzas de seguridad para reprimir protestas, incluyendo disparos de advertencia sin que el personal de seguridad cercano los detuviera, y que Cabello, siendo todavía diputado de la Asamblea Nacional en agosto de 2024, advirtió a los periodistas que publicar resultados electorales distintos a los declarados por el gobierno acarrearía detenciones bajo lo que se conoció como la Operación Tun Tun. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó en marzo de 2020 junto con Maduro por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y la recompensa por información que lleve a su arresto se elevó a 25 millones de dólares en 2026. La OFAC lo sanciona desde 2018 bajo la orden ejecutiva dirigida a funcionarios venezolanos vinculados al deterioro democrático y a abusos de derechos humanos, y sigue en esa lista, junto con sanciones de la UE y Canadá que datan de años anteriores. Como ministro del Interior, hoy ostenta autoridad a nivel de gabinete sobre la policía, y según la mayoría de las evaluaciones externas, incluida la del International Crisis Group, mantiene influencia real tanto sobre los servicios de inteligencia como sobre los colectivos.

En conjunto, no se trata de tres funcionarios que heredaron un sistema represivo de otra persona y hoy, en distinta medida, administran su desmantelamiento. No. Dos de ellos dirigieron partes de ese sistema directamente. El tercero sigue dirigiendo una parte hoy. Ese es el contexto que vale la pena tener presente para todo lo que sigue sobre los colectivos, el SEBIN, y quién puede volver y quién no.

Qué son los colectivos, y por qué siguen importando

Los colectivos son grupos civiles armados, algunos con raíces en la organización comunitaria previa a la llegada de Hugo Chávez al poder, que funcionan como un brazo de coerción informal junto al aparato de seguridad formal del Estado. No son un fenómeno marginal. Un explicativo de la sociedad civil venezolana sobre el aparato de inteligencia del Estado describe la coordinación del SEBIN con el DGCIM, la Guardia Nacional y los colectivos armados como algo que responde a directrices de lo que denomina el “alto mando político-militar”, lo cual significa que la frontera entre partido, gobierno y grupos armados en la calle es, en la práctica, difusa y no firme.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha llegado a conclusiones similares desde afuera. Sus informes han descrito al SEBIN y al DGCIM como “estructuras bien coordinadas” que ejecutan un plan “orquestado desde los más altos niveles del gobierno” para reprimir la disidencia, y un informe de la Misión de diciembre de 2025 nombró específicamente a los colectivos, junto con el DGCIM, el SEBIN y la Guardia Nacional, entre las instituciones implicadas en una política estatal de represión.

Nada de esto se detuvo cuando Maduro fue capturado. En febrero de 2026 circuló ampliamente por WhatsApp y Telegram un video que afirmaba que el secretario de Estado Marco Rubio había ordenado desmantelar al SEBIN y al DGCIM. Los verificadores venezolanos de Efecto Cocuyo rastrearon esa afirmación hasta un decreto real, pero no relacionado, que eliminaba un puñado de organismos estatales menores, y confirmaron que, hasta principios de marzo de 2026, el SEBIN y el DGCIM seguían plenamente operativos, continuando sus funciones de inteligencia, contrainteligencia y vigilancia política bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. El SEBIN sigue adscrito a la vicepresidencia; el DGCIM sigue bajo el Ministerio de Defensa.

Los colectivos, por su parte, no están al margen de la pugna de poder posterior a Maduro, son participantes en ella. Un análisis de InsightCrime de febrero de 2026 nombró a los grupos concretos que siguen activos y organizados: La Piedrita y Tres Raíces, agrupados bajo lo que se conoce como el Frente de Colectivos Sergio Rodríguez, concentrados en la parroquia 23 de Enero, a pocas cuadras del palacio presidencial, junto con la red de Cuadrillas de Paz que construyó Maduro, la cual sigue controlando territorio en Caracas y otras ciudades importantes. El análisis presenta a estos grupos como un factor potencial de desequilibrio si las rivalidades internas del chavismo, en particular entre el ministro del Interior Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez que hoy dirigen el gobierno, derivan en un conflicto abierto. Una exembajadora de Estados Unidos en Venezuela declaró a NPR en febrero de 2026 que Washington debería exigir la disolución de los colectivos como condición para un mayor acercamiento, precisamente porque esa exigencia no se ha cumplido y los grupos siguen intactos, armados y en control de barrios enteros.

En otras palabras: quienes hacen cumplir la lealtad política en las calles de Caracas, y las agencias que deciden a quién se vigila, se detiene o se desaparece, son las mismas personas y las mismas instituciones de siempre. Un nuevo rostro en Miraflores no requirió un nuevo aparato de seguridad. Heredó uno.

Quién puede volver, y quién no

Desde que la ley de amnistía entró en vigencia en febrero de 2026, el regreso de venezolanos exiliados se ha convertido en uno de los desarrollos más visibles y más disputados de la transición. También es más selectivo, y más revelador, de lo que parece a primera vista.

Varias figuras de la oposición han regresado, en efecto. Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular que pasó 14 meses preso antes de ocho años de exilio, volvió el 21 de mayo de 2026, y dijo a la prensa que “el momento de apostar por Venezuela es ahora”. Rocío San Miguel, especialista en asuntos militares que pasó casi dos años detenida, gran parte de ellos incomunicada en El Helicoide del SEBIN, regresó en mayo, aunque todavía enfrenta medidas cautelares. Freddy Superlano, Carlos Ocariz, Lester Toledo y Marcos Velazco también han regresado, en su mayoría figuras opositoras de base o de rango medio que reconstruyen presencia política dentro del país.

Pero el gobierno ha trazado una línea clara, y esa línea pasa exactamente por la dirigencia más reconocible del movimiento. Infobae informó en mayo de 2026, sin ambigüedad, que el gobierno chavista no admite el regreso de María Corina Machado, la líder opositora ganadora del Premio Nobel de la Paz, ni de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las disputadas elecciones de 2024, ni de Leopoldo López ni Julio Borges, fundadores de Voluntad Popular y Primero Justicia. Lo que a distancia parece una puerta abierta es, como señala el mismo reportaje, en la práctica apenas una rendija.

Esa selectividad se convirtió en un punto de fricción público en mayo de 2026, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dirigiéndose a la diáspora por televisión, dijo: “Y si hay algún venezolano afuera que tenga algún tipo de resentimiento en su corazón, le decimos: supérelo, perdónenos y venga. Siempre va a estar mejor en su patria.” La reacción fue inmediata y provino abrumadoramente de la diáspora y de defensores de derechos humanos, no de la base del régimen. Gustavo Lainette, fundador de la ONG Resistencia Venezolana, respondió: “Después del derramamiento de sangre, los estudiantes asesinados, los presos políticos, la persecución y el saqueo, ¿ahora piden perdón como si nada hubiera pasado? No, Jorge Rodríguez, esto no se puede superar.” Freddy Superlano, liberado bajo la misma ley de amnistía que Rodríguez promovía, dijo que quienes piden “superarlo” no tienen idea del daño causado a más de ocho millones de personas. Una migrante en Colombia declaró a El Tiempo que no podía perdonar a los hombres a quienes vio ordenar disparos con fuego real contra manifestantes. Un investigador de derechos humanos de apellido Murillo, citado en la misma cobertura, planteó un punto legal más agudo: el perdón es prerrogativa exclusiva de quienes sufrieron directamente las violaciones, y un proceso genuino de sanación social requiere verdad, justicia y reparación, no la imposición del perdón desde arriba.

Ese es el primer hilo: un gobierno que pide a las mismas personas que persiguió que simplemente pasen la página, sin un proceso de rendición de cuentas que lo acompañe, y que recibe como respuesta que esto no es reconciliación, es impunidad con mejor imagen pública.

La otra resistencia: desde dentro del propio chavismo

El segundo hilo es menos visible internacionalmente, y posiblemente más importante para entender hacia dónde va realmente el país. No son los exiliados negándose a perdonar al régimen. Es una facción de la propia base del régimen negándose a perdonar a los exiliados, o más precisamente, negándose a aceptar cualquier negociación con ellos.

Reportajes desde Caracas de principios de agosto de 2026 documentaron a manifestantes afines al gobierno rechazando explícitamente cualquier proceso de diálogo o negociación con la oposición, una postura abiertamente en contradicción con la apertura diplomática que el gobierno de Delcy Rodríguez ha venido impulsando con mediación estadounidense. Una manifestante, Aidé Romero, fue citada directamente: “No estamos de acuerdo con un diálogo con los vendepatrias. Para nosotros esto es otro terremoto, un terremoto político.” Vendepatria es un término cargado en el lenguaje político venezolano, que designa a quien traiciona o vende a la patria, y es la palabra que se usa, desde dentro del chavismo, contra la sola idea de hablar con la oposición, y mucho menos de recibir de vuelta a sus dirigentes.

Esto importa por dos razones. Primero, muestra que el discurso de los “traidores” que moldea cómo algunos partidarios del régimen hablan de la oposición y de la diáspora no es simplemente propaganda impuesta desde arriba, desde Miraflores. Tiene un arraigo genuino en las bases del chavismo, independiente del mensaje más conciliador del propio gobierno, y en cierta tensión con él. Segundo, ayuda a explicar por qué la política real de regresos luce como luce: lo suficientemente generosa con figuras opositoras de base como para que el gobierno se atribuya el mérito de la reconciliación, pero firmemente cerrada a Machado, González, López y Borges, los nombres que más encenderían precisamente a esa base.

En conjunto, lo que emerge no es un simple enfrentamiento binario entre un régimen represivo y una oposición que regresa. Es un gobierno que administra dos audiencias a la vez: representando apertura ante la comunidad internacional y una administración estadounidense que empuja por reformas, mientras mantiene mano dura tanto frente a su propia base más comprometida como frente a los dirigentes de la oposición que considera más amenazantes. Los colectivos, el SEBIN y el DGCIM son las herramientas que hacen posible sostener esa línea. No necesitaron nuevas órdenes para seguir funcionando. Simplemente nunca se les dijo que se detuvieran.

A qué regresan los deportados

Existe una tercera categoría de regreso que recibe mucha menos atención que la de los dirigentes políticos exiliados, y es la que más importa, porque es la categoría a la que en realidad pertenece la mayoría de las personas que enfrentan un retorno a Venezuela: venezolanos comunes, no figuras opositoras, sin nombre público, que no eligen volver, y que al llegar quedan directamente bajo custodia del SEBIN. Lo que les ocurre allí es la evidencia más clara disponible de que regresar a Venezuela no significa regresar a una vida normal.

El 24 de junio de 2026, el vuelo 164 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con 146 o 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos, entre ellos 19 mujeres y siete niños, según reportajes de NPR, CNN y The Washington Post que más tarde reconstruyeron las últimas horas del grupo. Fueron procesados a través del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria y quedaron bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, que los subieron a autobuses con destino a lo que las autoridades llamaron Hotel Santuario La Llanada, en La Guaira. El edificio no era, en realidad, un hotel. The Washington Post reconstruyó su historia: construido alrededor de 1960 como escuela católica, luego residencia juvenil, luego centro de rehabilitación de drogas, y durante la pandemia, sitio de cuarentena. Era, en palabras del propio reportaje, una “instalación gubernamental austera”, y la noche en que llegaron los deportados, era el lugar donde el SEBIN los retenía mientras se procesaban sus documentos.

Esta no fue una custodia informal ni improvisada. Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA, testificó ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos que la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval, había visitado personalmente ese hotel antes de que ocurrieran los terremotos y había constatado con sus propios ojos que los deportados que estaban adentro se encontraban esposados. Dib declaró ante la Comisión que no existe información sobre cuántos de los detenidos sobrevivieron, y que los intentos posteriores de WOLA de acceder al sitio fueron bloqueados, con el SEBIN impidiendo incluso que los propios familiares buscaran a sus seres queridos bajo los escombros.

Horas después de que llegaran los deportados, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el país con segundos de diferencia. El edificio de cuatro pisos colapsó. Según reportajes recopilados por el World Socialist Web Site a partir de fuentes oficiales y de familiares, de las 147 personas que estaban dentro, solo 12 sobrevivieron, y El País recogió el testimonio de otro sobreviviente en cuidados intensivos que describió cómo los deportados gritaban y suplicaban a los guardias del SEBIN que abrieran las puertas cuando comenzó el temblor. Los guardias no las abrieron. La sobreviviente Ninoska Gutiérrez contó a CNN que salió corriendo descalza mientras la pared junto a ella se partía. Las familias pasaron semanas buscando respuestas en hospitales, morgues, listas de pasajeros filtradas, videos de celular, porque ni el gobierno venezolano ni el gobierno estadounidense publicaron un manifiesto completo de quiénes iban en ese vuelo.

Lo que describen los testimonios de los sobrevivientes no es un grupo siendo procesado para su reincorporación a la vida ordinaria. Es un interrogatorio. Pulzo y otros medios recogieron testimonios anónimos de sobrevivientes que describen que, al llegar, a los deportados les confiscaron sus pertenencias y teléfonos, incluidas sus contraseñas, para que los funcionarios pudieran revisar sus redes sociales, y que fueron interrogados específicamente sobre sus inclinaciones políticas. Familiares de los fallecidos, en declaraciones a Infobae en agosto de 2026, dijeron que a sus hijos los habían llamado “apátridas” y que los habían maltratado, pese a no tener antecedentes penales. Este es el contenido real de lo que implica la custodia del SEBIN y el DGCIM para un venezolano que regresa: no una bienvenida, sino un cribado, uno que examina las conexiones de una persona, sus afiliaciones políticas, su actividad mientras estuvo en el extranjero, y quiénes son y dónde están sus familiares, antes de que el Estado decida qué hacer con ella. Daniely Hurtado, cuyo esposo Osal Mujica iba a bordo y no sobrevivió, declaró al Post que agentes del SEBIN advirtieron después a los familiares que no hablaran públicamente sobre el caso, y Pulzo reportó por separado que las familias que buscaban a los desaparecidos enfrentaron intimidación y amenazas continuas por parte del SEBIN durante todo el proceso.

El patrón no se limitó a esa noche catastrófica. Un deportado que habló con The Washington Post bajo condición de anonimato, describiendo la experiencia más general de regresar bajo el programa de repatriación venezolano, lo resumió así: “Cuando las cámaras están grabando, te abrazan. Pero una vez que eso termina, te tratan como si fueras un traidor por haberte ido del país.” Esa sola frase revela algo que el terremoto dejó ver por accidente: la imagen de bienvenida que promueve el gobierno, las fotografías y videos que el programa Vuelta a la Patria publica de retornados siendo abrazados en el aeropuerto, cubre un proceso en el que esa misma población es esposada, cribada, interrogada sobre su postura política y, en el propio lenguaje interno del Estado, tratada como sospechosa por haberse ido en primer lugar.

Los vuelos de deportación se reanudaron el 3 de agosto de 2026, cuando el vuelo 165 trajo de vuelta a 147 venezolanos más bajo el mismo programa, todavía sin una rendición de cuentas pública sobre qué había pasado con todos los del vuelo 164. Jiménez Sandoval declaró públicamente que la reanudación resultaba profundamente preocupante, dado que las autoridades no habían explicado el rol del SEBIN en la tragedia anterior ni habían producido una lista oficial de quiénes de ese vuelo murieron, sobrevivieron o seguían desaparecidos. Defensores citados por el Nuevo Herald señalaron que los deportados siguen siendo recibidos por agentes del SEBIN que, en sus palabras, después los persiguen, un patrón que el gobierno estadounidense no ha incorporado en sus decisiones de deportación.

Esto tampoco ocurre en el vacío. Por separado, Human Rights Watch y la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal documentaron que los venezolanos que Estados Unidos envió directamente a la megacárcel CECOT de El Salvador en marzo y abril de 2025, 252 personas, entre ellas decenas de solicitantes de asilo, sufrieron tortura, desaparición forzada, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual, y concluyeron que se trató de violaciones sistemáticas, no de incidentes aislados de guardias individuales. El informe enmarca esas transferencias como devolución forzada, es decir, enviar a personas a un lugar donde previsiblemente enfrentarían tortura, y afirma con claridad que el gobierno estadounidense es responsable de ello.

Isabel Carlota Roby, de RFK Human Rights, y Laura Cristina Dib, de WOLA, testificaron sobre esto el 15 de julio de 2026 ante la misma audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos que examinó, en conjunto, la respuesta de Venezuela al terremoto y la crisis de derechos humanos subyacente, tratándolas, correctamente, como una sola emergencia y no como dos historias separadas. El hilo conductor de todo esto es el mismo que recorre todo este texto: sea la persona que regresa una premio Nobel a quien se le impide entrar, o un deportado común sin ningún perfil público, la institución que decide qué ocurre a continuación es el SEBIN, y el SEBIN responde a la misma cadena de mando de siempre.

La invitación no es la evidencia

Nada de esto cambia porque Delcy Rodríguez salga en televisión y le pida a la diáspora que regrese. Un llamado al retorno es una frase. Las condiciones del país no se construyen con frases, se construyen con instituciones, y las instituciones no se han movido. Los mismos colectivos siguen controlando las mismas cuadras de Caracas. El mismo SEBIN, bajo la misma cadena de mando que la propia Rodríguez construyó entre 2018 y 2021, sigue decidiendo a quién se recibe en el aeropuerto y a quién se retiene en silencio, esposado e interrogado sobre su postura política. El mismo DGCIM sigue respondiendo al Ministerio de Defensa de siempre. El mismo Diosdado Cabello sigue en el Ministerio del Interior con autoridad real sobre la policía y, según evaluaciones externas, también sobre los colectivos. El tejido social que este aparato fue construido para controlar, mediante el miedo, mediante informantes, mediante la expectativa ordinaria de que una palabra equivocada llegue a oídos de alguien con poder para actuar en consecuencia, no desaparece porque una rueda de prensa diga que la puerta está abierta.

Esto no es, ni siquiera principalmente, una historia sobre exiliados famosos. María Corina Machado y Edmundo González hacen titulares porque el gobierno les prohíbe explícitamente el regreso. La población mucho más numerosa es la que representan los vuelos 164 y 165: personas sin ningún perfil público, que se fueron por razones económicas o personales y no políticas, y que al llegar descubren que el Estado todavía quiere conocer sus conexiones, sus afiliaciones políticas, qué hicieron y dijeron en el extranjero, y dónde están sus familiares, antes de decidir qué hacer con ellas. Ese proceso de cribado, no la ley de amnistía, no las invitaciones televisadas, es lo que en realidad rige un regreso a Venezuela hoy. Las instituciones de un país no se vuelven seguras para el retorno porque su presidenta encargada lo diga en TV. Se vuelven seguras cuando las personas que dirigen el SEBIN, el DGCIM y los colectivos ya no son las mismas que construyeron esas instituciones para hacer exactamente lo que todavía siguen haciendo.

Esa es la manera honesta de leer todo lo expuesto en este texto. Venezuela no está siendo gobernada por un gobierno de transición que tantea el camino hacia la reforma. Está siendo gobernada, en su arquitectura de seguridad si no siempre en su discurso público, por las mismas personas que construyeron la maquinaria represiva, y por la base chavista y madurista radicalizada que todavía rechaza abiertamente cualquier ajuste de cuentas con el pasado. Una invitación emitida por ese gobierno no es evidencia de que las condiciones hayan cambiado. Es, a lo sumo, una afirmación, una que cada uno de los demás documentos citados aquí, desde informes de la ONU hasta expedientes de sanciones y un hotel colapsado en La Guaira, sigue contradiciendo.

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Fuentes primarias citadas

• Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela, informe sobre la Guardia Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia, 11 de diciembre de 2025: ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv
• InsightCrime, “The Colectivos’ Role in the Struggle for Power in Post-Maduro Venezuela,” 3 de febrero de 2026: insightcrime.org
• Efecto Cocuyo, “Cocuyo Chequea”, verificación sobre las afirmaciones de desmantelamiento del SEBIN y el DGCIM, 4 y 5 de marzo de 2026: efectococuyo.com
• NPR, “Venezuela’s interim leader navigates U.S. demands, Chavista loyalty,” 5 de febrero de 2026: npr.org
• The Conversation, “Venezuela’s civil-military alliance is being stretched,” 29 de abril de 2026: theconversation.com
• Infobae, “Dirigentes opositores aprovechan la amnistía decretada por el chavismo para regresar a Venezuela,” 26 de mayo de 2026: infobae.com
• El Tiempo / GDA, “‘Supéralo, perdónanos y vente’: el chavismo busca reconciliación con venezolanos en el exilio,” 7 y 8 de mayo de 2026: eltiempo.com
• Curadas, “Grietas rojas: la base chavista alza la voz contra el diálogo con la oposición,” 2 y 3 de agosto de 2026: curadas.com
• Red Global Venezuela, explicativo sobre la estructura del SEBIN y su coordinación con el DGCIM y los colectivos: redglobalvenezuela.org
• The Washington Post, “Deported by the U.S., detained in Venezuela, then lost in the earthquakes,” 2 de agosto de 2026: washingtonpost.com
• NPR, “Venezuelans deported from the U.S. were killed hours later in powerful quakes,” 30 de junio de 2026: npr.org
• CNN, “Venezuelans deported by the US hours before the deadly earthquake struck are missing,” 30 de junio de 2026, y “Man died in Venezuela earthquake a day after US deported him,” 17 de julio de 2026: cnn.com
• WOLA, Carolina Jiménez Sandoval, análisis público sobre el vuelo 164 y el Hotel Santuario, y declaración sobre la reanudación de los vuelos de deportación, citada en Jefferson City News-Tribune / el Nuevo Herald, 5 de agosto de 2026: wola.org
• Human Rights Watch y Cristosal, “‘You Have Arrived in Hell’: Torture and Other Abuses Against Venezuelans in El Salvador’s Mega Prison,” 12 de noviembre de 2025: hrw.org
• Robert F. Kennedy Human Rights, testimonio de Isabel Carlota Roby ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, 15 de julio de 2026: kennedyhumanrights.org
• WOLA, “Civil society organizations present recommendations to the United States Congress for a genuine democratic transition in Venezuela,” 22 de julio de 2026: wola.org
• Yahoo News / reportaje independiente, “Venezuela’s Acting Dictator Is Delcy Rodríguez, a Maduro Regime Ally With a History of Human Rights Violations,” citando el testimonio de Cristopher Figuera ante la ONU, 6 de enero de 2026
• Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicado de designación de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López y Cilia Flores, septiembre de 2018 (archivado en 2017-2021-translations.state.gov)
• Consejo de la Unión Europea, Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas en vista de la situación en Venezuela, 13 de noviembre de 2017, y sentencia relacionada del Tribunal General de la UE (EUR-Lex, CELEX:62018TJ0553)
• Oficina de las senadoras Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren, carta a los secretarios Rubio y Bessent sobre el alivio de sanciones a Delcy Rodríguez, mayo de 2026: globalsecurity.org
• NPR y PBS NewsHour, “U.S. lifts sanctions on Venezuela’s acting President Delcy Rodríguez,” 1 y 2 de abril de 2026
• Al Jazeera, “Who is Diosdado Cabello, Maduro’s interior minister and militia boss?,” 7 de enero de 2026, citando los hallazgos de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la coordinación de los colectivos con las fuerzas de seguridad y la Operación Tun Tun
• CNN, “What to know about Diosdado Cabello, Venezuela’s powerful interior minister who may be in jeopardy next,” 7 de enero de 2026
• Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, acusación por narcoterrorismo contra Maduro, Cabello y otros, 26 de marzo de 2020: justice.gov
• Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicado sobre sanciones y aumento de recompensas por Maduro, Cabello y Padrino, enero de 2025: home.treasury.gov
• OCCRP, “Cabinet of the Blacklisted: Sanctioned Loyalists Take Charge of Venezuela’s Quake Relief,” 29 de junio de 2026
• El Nacional y Dossier Venezuela, “Organizaciones y congresistas de EE UU presionan por el TPS para venezolanos tras los terremotos,” reportando el testimonio de Laura Cristina Dib (WOLA) ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, en el cual confirmó que la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval, constató personalmente que los deportados estaban esposados en el Hotel Santuario antes del terremoto, 22 de julio de 2026: elnacional.com, dossiervenezuela.com
• World Socialist Web Site, edición en español, “Deportados de Estados Unidos mueren en terremoto venezolano,” incluyendo testimonio recogido por El País de deportados suplicando a los guardias del SEBIN que abrieran las puertas, 1 de julio de 2026: wsws.org
• Pulzo, “Deportados afectados por doble terremoto en La Guaira,” testimonios de sobrevivientes sobre confiscación de teléfonos, interrogatorios políticos e intimidación continua del SEBIN a las familias que buscaban a sus seres queridos, con fuentes de France 24, agosto de 2026: pulzo.com
• Infobae, “Las madres de los deportados muertos en el terremoto denuncian: ‘Que hayan estado en ese sitio es culpa del Sebin,’” 24 de agosto de 2026: infobae.com
• France 24, “Venezuela: deportación y terremoto, la doble desgracia del vuelo 164,” testimonios de sobrevivientes y familiares, 18 de agosto de 2026: france24.com