Análisis | @thelaw.way

El 16 de julio de 2026, la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos celebró una audiencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Ocurrió en un momento muy específico: seis meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y lo trajeran a Estados Unidos para enfrentar cargos, y tres semanas después de un terremoto devastador que golpeó a un país que ya vivía lo que varios testigos describieron repetidamente como una “emergencia humanitaria compleja.”

Cinco testigos declararon ante los copresidentes, el congresista Jim McGovern y el congresista Chris Smith, a quienes luego se unió la congresista Debbie Wasserman Schultz: Martha Tinoco Rodríguez, fundadora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), testificando desde Caracas; Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz; Laura Cristina Dib, directora del programa de Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Isabel Carlota Roby, abogada principal para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy; y Andrés Martínez Fernández, analista de políticas para América Latina en Heritage Foundation.

Este es un relato completo de lo que se discutió, no solo los puntos principales, sino el detalle detrás de ellos: las cifras, los casos individuales, las disputas de política pública, y los puntos donde los testigos genuinamente estuvieron en desacuerdo.

La tensión inicial, desde las declaraciones de apertura

La audiencia abrió con dos lentes visiblemente distintos sobre los mismos seis meses.

La declaración de apertura del congresista McGovern fue directa. Pidió una hoja de ruta hacia una transición democrática con criterios reales: desmantelamiento del aparato de seguridad, un poder judicial independiente, reforma electoral, el fin de las restricciones a la sociedad civil, libertad de prensa, y justicia transicional. Cuestionó directamente si el poder de negociación de Estados Unidos en Venezuela se está usando para mejorar la vida de los venezolanos o para enriquecer a ejecutivos petroleros, financistas extranjeros, y funcionarios de ambos lados. Preguntó si los mismos políticos estadounidenses que denunciaron la ilegitimidad de Maduro exigirán el mismo estándar al gobierno actual, o si guardarán silencio mientras la administración negocia con lo que él calificó como el mismo régimen bajo otro nombre.

La declaración de apertura del congresista Smith mostró un tono más optimista sobre la trayectoria desde enero, aunque también hizo un recuento de la magnitud de la crisis subyacente: la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos documentó casi 7,000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela solo en 2018 y 2019; millones de personas han sido desplazadas; y, según su relato, el dinero de la era Chávez ayudó a sostener gobiernos aliados en toda la región. Smith trazó un paralelo con sus décadas de trabajo sobre Cuba, incluyendo cuando se le negó la entrada para visitar a presos políticos bajo Fidel Castro, y una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para inspeccionar cárceles cubanas que Cuba nunca honró. Argumentó que una reforma duradera no puede imponerse desde afuera, pero sí puede “alentarse seriamente,” y mencionó las comisiones de la verdad de Sudáfrica y El Salvador como posibles modelos para una futura reconciliación en Venezuela.

Ambos, junto con todos los testigos, coincidieron en algo sin matices: la rendición de cuentas por décadas de abusos documentados todavía no ha ocurrido.

“Misma estructura, nuevos nombres”: el argumento de la continuidad

El planteamiento más consistente entre casi todos los testigos, con la excepción parcial del testimonio de Heritage Foundation, fue que el aparato represivo de Venezuela sobrevivió a la salida de Maduro prácticamente intacto, aunque los cargos de su personal hayan cambiado.

Isabel Roby detalló los ejemplos concretos: el que fue ministro de Defensa ahora está en el ministerio de Agricultura; Diosdado Cabello sigue siendo ministro de Interior y Justicia, lo que significa que el organismo de protección civil responsable de la respuesta al terremoto responde, en la cadena de mando, a la misma estructura vinculada al aparato represivo. El general Gustavo González López, quien dirigió el SEBIN (la policía de inteligencia) de 2019 a 2024, es ahora ministro de Defensa. La organización de Roby ha identificado al SEBIN, la contrainteligencia militar (DGCIM), la Guardia Nacional, y la policía nacional como los cuatro cuerpos más responsables de las desapariciones forzadas en Venezuela desde 2018.

La base legal del gobierno actual también fue objeto de escrutinio directo. Laura Dib explicó que horas después de la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Venezuela invocó una “ausencia forzosa,” un concepto que no existe en la Constitución venezolana, para instalar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Incluso bajo la lectura más generosa, ese periodo venció el 2 de julio, sin que se haya convocado elección alguna.

La evaluación de Roby fue la más contundente: el gobierno de Venezuela, dijo, “vive en un mundo de apariencia que quiere pasar por realidad.” Las elecciones fraudulentas se llaman la más alta forma de democracia; las prohibiciones a la libertad de expresión se llaman libertad. Su conclusión fue que no existe una distinción real entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Rodríguez, solo una continuación de la misma estructura autoritaria y criminal, con los mismos funcionarios implicados en la cadena de mando de crímenes de lesa humanidad: Rodríguez, Jorge Rodríguez, y Cabello, todos siguen en sus cargos.

Andrés Martínez Fernández ofreció una lectura considerablemente más favorable de los mismos hechos. Describió el cambio desde enero como “dramático, aunque incompleto,” atribuyendo a la campaña de presión de la administración la salida de miles de agentes de inteligencia cubanos que habían sido desplegados en Venezuela para perseguir a la oposición y torturar a presos políticos, y haber posibilitado la amnistía política y las liberaciones de presos que, en su opinión, hubieran sido impensables hace un año. Su testimonio no abordó las continuidades específicas de personal que los demás testigos acababan de señalar.

Presos políticos: las cifras, las condiciones, los nombres

El registro de Martha Tinoco sitúa la cifra actual en 518 personas detenidas por razones políticas en Venezuela: 454 hombres y 64 mujeres, incluyendo 23 extranjeros y 25 personas con doble nacionalidad, esto último vinculado, señaló, a un patrón de diplomacia de rehenes entre el gobierno venezolano y Estados Unidos. De esa población, 28 tienen enfermedades graves, incluyendo cáncer terminal e insuficiencia renal, y 20 son adultos mayores. (Un registro distinto de sociedad civil venezolana, Foro Penal, contabiliza 389 presos políticos, una discrepancia que se planteó en la audiencia pero que no se resolvió del todo.)

Tinoco testificó que 795 personas han sido liberadas desde que entró en vigencia la ley de amnistía, pero solo una minoría obtuvo la libertad plena. La mayoría permanece bajo libertad condicional, sujeta a presentaciones periódicas en plataformas digitales que, según ella, violan las garantías del debido proceso. Isabel Roby ofreció dos casos individuales para ilustrar lo que “liberado” a menudo significa en la práctica. El periodista Roddy Brancker fue detenido y desaparecido forzosamente durante seis meses en 2025; ahora está “libre,” pero tiene prohibido salir del país y debe presentarse periódicamente ante un tribunal, con el riesgo constante de ser detenido de nuevo. Emirlendris Benítez, detenida desde 2018, fue torturada hasta perder un embarazo; hoy está en silla de ruedas, fue condenada a treinta años, y le fue negada la amnistía por completo.

Tinoco también describió a nueve personas que permanecen desaparecidas forzosamente, cuyo paradero el Estado no ha revelado, y el caso de Doña Carmen Naves, quien pasó dieciséis meses buscando a su hijo, Víctor Ugas, antes de descubrir que el gobierno lo había enterrado en secreto en una fosa común. Doña Carmen murió después, cargando aún con la incertidumbre de lo que le había pasado.

Sobre las condiciones de detención, Tinoco describió la negación de atención médica oportuna, incluso para enfermedades crónicas, junto con denuncias de que a los presos se les administran sustancias o medicamentos no identificados, y represión violenta, incluyendo gases lacrimógenos, cuando los detenidos piden necesidades básicas como comida, agua, o condiciones sanitarias. Algunos presos han perdido hasta 30 libras en cautiverio. Tras el terremoto, las cárceles fueron evacuadas y luego reocupadas sin que exista claridad pública sobre si las estructuras son seguras; se reporta que siete personas han sido detenidas específicamente por cuestionar las condiciones carcelarias tras el terremoto.

Sobre El Helicoide, el centro de detención más conocido de Venezuela: el secretario de Estado Rubio le dijo al Congreso el 2 de junio que su cierre representaba un éxito. Los testigos cuestionaron esa caracterización. Laura Dib dijo que WOLA había documentado a 25 personas que seguían detenidas ahí a comienzos de junio, y que Delcy Rodríguez había hecho un anuncio similar de cierre después del 3 de enero que nunca se materializó. Martha Tinoco añadió que en la práctica, el “cierre” ha significado trasladar a los detenidos a otras instalaciones, no liberarlos, y que 27 presos políticos han muerto bajo custodia desde 2014, varios de ellos en El Helicoide, lo que convierte la preservación de evidencia en el sitio en una preocupación vigente para cualquier proceso futuro de rendición de cuentas.

La organización de Beatriz Borges, junto con más de 20 organizaciones aliadas, construyó una herramienta llamada el “Termómetro de Justicia,” parte de una plataforma llamada Justicia y Verdad, para medir indicadores concretos de represión, espacio cívico, independencia judicial, rendición de cuentas, y reforma institucional. Testificó que en la mayoría de los indicadores, Venezuela sigue en zona roja, y presentó la herramienta a la comisión como referencia para dar seguimiento al progreso.

El terremoto como prueba de estrés para la gobernanza

Varios testigos tuvieron cuidado de enmarcar el terremoto del 24 de junio no como una crisis separada, sino como una lupa sobre la que ya existía. Antes del terremoto, la ONU calculaba que 7.2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, pero solo el 23% del plan de respuesta humanitaria estaba financiado, una brecha que los testigos atribuyeron a años de corrupción, colapso institucional, y la salida de los trabajadores de salud e ingenieros que una respuesta a desastres requiere, dado que casi 8 millones de venezolanos ya han salido del país.

Laura Dib citó un informe de Transparencia Venezuela según el cual solo el 12% de la capacidad de emergencia del Estado se desplegó en las primeras 48 horas tras el terremoto. Los hospitales carecían de ambulancias y equipo funcional. Llegó ayuda de al menos 29 países, y Estados Unidos comprometió $386 millones en asistencia humanitaria; Martínez Fernández reconoció específicamente a Samaritan’s Purse y otras organizaciones religiosas y privadas por entregar ayuda que el gobierno de la era Maduro anteriormente habría rechazado.

Pero la brecha de rendición de cuentas sobre el dinero se planteó de forma repetida y directa. Estados Unidos ha emitido tres licencias generales que reabren el comercio petrolero venezolano (las licencias de la OFAC 51B, 54A, y 55) y una orden ejecutiva del 9 de enero estableció un fondo vinculado a los ingresos petroleros. Dib testificó que no existe un mecanismo público para verificar cuánto ha entrado a ese fondo ni cómo se ha desembolsado; la propia ley de presupuesto de Venezuela no es pública, y su banco central solo empezó a publicar datos después del 3 de enero.

Esa brecha produjo el momento más directo de la audiencia. El congresista McGovern le hizo a cada testigo una pregunta de sí o no: ¿han beneficiado realmente al pueblo venezolano las ganancias de la venta de petróleo venezolano en los últimos seis meses? Todos los testigos dijeron que no, citando las brechas de transparencia descritas anteriormente. Martínez Fernández fue el único testigo que dijo que sí, afirmando ante la comisión que las ganancias están beneficiando al pueblo venezolano “mucho más” que en décadas pasadas; no citó cifras, ninguna auditoría, ni una fuente concreta para esa afirmación.

Isabel Roby planteó el riesgo más profundo: un desastre que se agrava dentro de un sistema autoritario no se comporta igual que dentro de un Estado funcional. Los gobiernos autoritarios, argumentó, son expertos en usar las crisis para ganar tiempo y consolidar poder. Sin un enfoque centrado en derechos humanos para la recuperación, la propia ayuda humanitaria corre el riesgo de convertirse en una herramienta para controlar a la población, aumentando la probabilidad de un conflicto civil posdesastre en lugar de reducirla.

El vuelo de deportación que documentó WOLA

Un caso se planteó con un nivel de detalle que lo distinguió de los temas más generales de la audiencia. Laura Dib describió un vuelo de deportación desde Arizona, operado por GlobalX, que aterrizó en Venezuela el 24 de junio, el mismo día del terremoto, con 146 personas: 120 hombres, 19 mujeres, y 7 niños. Fueron recibidos, como suele ocurrir con los deportados, por el SEBIN y el DGCIM. La presidenta de WOLA, Carolina Jiménez, fue al hotel donde el SEBIN tenía retenido al grupo y los encontró esposados dentro. Cuando ocurrió el terremoto, el SEBIN presuntamente impidió que familiares se acercaran al lugar para buscar a sus seres queridos desaparecidos bajo los escombros.

Esto es un ejemplo de un patrón más amplio y bien documentado: agencias de inteligencia venezolanas que detienen e interrogan a personas devueltas desde Estados Unidos, examinando su historial y actividad en redes sociales, antes de decidir arbitrariamente si los liberan, los desaparecen, los trasladan a instalaciones vinculadas a la tortura, o los mantienen detenidos indefinidamente sin debido proceso. Según el conteo de WOLA, 138 vuelos de deportación con más de 25,000 venezolanos han aterrizado en el país este año.

Sanciones: la división entre individuales y sectoriales

La congresista Wasserman Schultz cuestionó directamente la decisión de la administración de levantar sanciones sin asegurar, según ella, ninguna concesión democrática visible. La respuesta de Laura Dib distinguió dos categorías que en el debate público suelen mezclarse. WOLA ha apoyado consistentemente las sanciones individuales y dirigidas contra responsables de violaciones de derechos humanos, del tipo autorizado bajo la Ley Global Magnitsky, y considera que esas sanciones deberían estar condicionadas a criterios democráticos que, en su evaluación, no se han cumplido. WOLA ha sido más crítica de las sanciones sectoriales amplias por su impacto humanitario, aunque señaló que la emergencia humanitaria de Venezuela es anterior a las sanciones sectoriales por años; el secretario general de la ONU ya describía la situación como una emergencia humanitaria compleja en 2016.

Desde enero, testificó Dib, la OFAC ha emitido el mayor paquete de alivio de sanciones desde que se impusieron las sanciones sectoriales, que cubre comercio petrolero, bienes y servicios para la producción petrolera, minería, transporte aéreo, comunicaciones, e incluso reestructuración de deuda. Su punto central fue que levantar sanciones, por sí solo, no soluciona la opacidad subyacente: el presupuesto de Venezuela sigue sin ser público, así que no hay forma de verificar de manera independiente hacia dónde va realmente el dinero que genera ese alivio.

El congresista Smith, en sus propias palabras, trazó un paralelo con Cuba, describiendo décadas de sanciones generalizadas que, según él, han perjudicado al pueblo cubano sin cambiar el comportamiento del gobierno, y abogó por sanciones dirigidas a los responsables de abusos en lugar de medidas amplias que recaen con más fuerza sobre la población en general.

Trata de personas y la designación de Nivel 3

El congresista Smith, autor de la Ley de Protección a las Víctimas de Trata de 2000 y de varias leyes antitrata posteriores, planteó el estatus de Venezuela como país de Nivel 3 bajo el marco estadounidense de trata de personas, la peor clasificación, desde 2014. Describió la trata sexual y laboral como especialmente severa alrededor de las operaciones de minería ilegal de oro en el sur de Venezuela, y mencionó un proyecto de ley bipartidista pendiente, copatrocinado con el congresista Kweisi Mfume, que fortalecería la respuesta federal.

Tanto Beatriz Borges como Laura Dib conectaron la trata directamente con la crisis más amplia: se agrava por la magnitud del desplazamiento venezolano, la emergencia humanitaria, y ahora el terremoto, y tiene una dimensión de género específica que afecta desproporcionadamente a mujeres y niños. Dib vinculó el tema con las licencias petroleras y mineras mencionadas anteriormente, argumentando que algunas de las redes de extracción que operan bajo el nuevo régimen de licencias están vinculadas a la trata y la explotación sexual, y que la política de Estados Unidos necesita salvaguardas para asegurar que el alivio de sanciones no legitime indirectamente a esas redes.

La iglesia y la sociedad civil

Al preguntárseles sobre el papel de las instituciones religiosas, los testigos describieron a la Iglesia Católica, junto con congregaciones evangélicas, como una de las pocas instituciones en Venezuela con presencia real en el terreno para documentar abusos en zonas que de otro modo serían inaccesibles para monitores independientes, y como un actor clave probable en cualquier futuro proceso de verdad y reconciliación. Martínez Fernández añadió que organizaciones religiosas como Samaritan’s Purse recién han podido operar en el terreno en Venezuela sin temor a ser encarceladas o enfrentar cargos con motivación política contra su personal, un riesgo que anteriormente había impedido que muchas organizaciones con sede en Estados Unidos se involucraran directamente.

Beatriz Borges describió a la sociedad civil venezolana, en términos más amplios, como uno de los activos democráticos más claros del país, construido a lo largo de años respondiendo a emergencias humanitarias y operando bajo criminalización e intimidación, pero advirtió que las organizaciones independientes siguen severamente subfinanciadas y con alto riesgo legal bajo leyes que restringen el derecho de asociación, incluyendo lo que los testigos denominaron a lo largo de la audiencia la “ley anti-ONG.”

El posible regreso de María Corina Machado

Todos los testigos que abordaron el tema afirmaron, sin condiciones, que la líder opositora María Corina Machado tiene el mismo derecho a regresar a Venezuela y participar políticamente que cualquier otro ciudadano. Martínez Fernández añadió una nota de cautela sobre el momento y la seguridad, dado que persisten preocupaciones sobre grupos armados informales que aún operan con impunidad, argumentando que Machado probablemente sería un blanco prioritario para algunos de esos grupos, y que la cautela de la administración probablemente proviene de garantizar su seguridad física en torno a un eventual regreso, no de oponerse al regreso en sí.

La controversia sobre el desmantelamiento de la CPI

El intercambio más agudo de la audiencia giró en torno a un artículo de opinión publicado el lunes por el secretario de Estado Rubio, que delineaba los planes de la administración para avanzar hacia el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional, que mantiene una investigación abierta y en curso sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2021.

Isabel Roby argumentó que la investigación de la CPI importa de manera concreta: casi 9,000 víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentaron observaciones formales ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte en 2023. Con el poder judicial venezolano descrito por todos los testigos enfocados en derechos humanos como un instrumento del mismo aparato represivo en lugar de un contrapeso independiente, la CPI y la jurisdicción universal se describieron repetidamente como de las pocas vías que quedan hacia la justicia para las víctimas venezolanas. Laura Dib fue más lejos, cuestionando directamente de dónde surge la autoridad de la administración para actuar contra una institución reconocida por 125 Estados miembros, y advirtiendo que hacerlo sería un ataque al derecho internacional justo en el momento en que las víctimas venezolanas más lo necesitan.

La postura de Martínez Fernández también divergió marcadamente aquí. Caracterizó a la CPI como “peor que inútil” específicamente en el caso de Venezuela, argumentando que creó la ilusión de una eventual rendición de cuentas sin nunca producirla, y que años de proceso ante la CPI nunca lograron confrontar de manera real a Maduro, Cuba, o Nicaragua de forma que cambiara su comportamiento. No propuso un mecanismo alternativo mediante el cual las casi 9,000 víctimas venezolanas actualmente ante la Corte pudieran obtener justicia. Beatriz Borges tomó una posición intermedia, reconociendo la frustración con el ritmo de los mecanismos internacionales pero defendiendo aun así su valor a largo plazo, argumentando que el trabajo de documentación que se hace ahora, por lento que sea en producir resultados, será importante para un eventual proceso de justicia transicional.

El TPS no es el punto final

El Estatus de Protección Temporal (TPS) surgió repetidamente, y vale la pena precisar qué es y qué no es. El TPS es una designación discrecional que hace el secretario de Seguridad Nacional (DHS): una decisión administrativa. Esa es su ventaja: puede moverse rápido, y varios testigos argumentaron que el DHS debería redesignar a Venezuela de inmediato, ya que el estatuto del TPS menciona los terremotos como su primer ejemplo estatutario de un desastre calificante, sumado a la emergencia política en curso.

El congresista McGovern, quien trabajó como asistente congresional del congresista Joe Moakley, el autor original del estatuto del TPS, señaló que el TPS fue diseñado precisamente para cubrir esta combinación: peligro político y desastre natural juntos. La designación actual de Venezuela vence el 2 de octubre. Isabel Roby añadió que aproximadamente 600,000 venezolanos están en riesgo de perder su estatus actualmente, y señaló que la administración ha pedido por separado a la Corte Suprema que le permita revertir las protecciones de TPS existentes para venezolanos, una medida que calificó de incoherente, dado que la misma administración describe a Venezuela como en un periodo de “recuperación y estabilidad.”

Pero el TPS también es, por diseño, temporal y completamente revocable a discreción de quien ocupe el cargo de secretario del DHS en un momento dado, lo que significa que la protección que ofrece puede terminar sin importar si las condiciones en el terreno realmente han mejorado. Por eso mismo, la Ley de Ajuste Venezolano merece más atención de la que suele recibir el TPS por sí solo. A diferencia del TPS, es una solución legislativa: más lenta de aprobar, pero no sujeta a ser revertida por la discreción de una sola administración una vez que se convierte en ley. Le daría a los venezolanos que ya están en Estados Unidos un camino permanente, en lugar de un estatus que hay que re-justificar y redesignar indefinidamente. Las dos cosas no son sustitutas entre sí: el TPS atiende la emergencia inmediata, mientras que la Ley de Ajuste Venezolano atiende el hecho de que la protección “temporal,” para muchos venezolanos, ya se ha extendido por más de una década.

Actualmente hay una petición de descarga (discharge petition) específica sobre el TPS pendiente en la Cámara, y la congresista Wasserman Schultz pidió explícitamente apoyo bipartidista para forzar su votación en el pleno.

Dónde los testigos genuinamente estuvieron en desacuerdo

En interés de dar un relato completo: esta audiencia no fue unánime, y sería inexacto sugerir lo contrario.

Andrés Martínez Fernández reconoció a la administración logros concretos: la salida de personal de inteligencia cubano, la amnistía política, las liberaciones de presos, y una supervisión estadounidense creciente (aunque todavía incompleta) sobre los ingresos petroleros que, según él, anteriormente enriquecían casi por completo a funcionarios corruptos. Argumentó que la estabilización económica no es una distracción de los derechos humanos, sino una condición previa para ellos, citando una encuesta de enero, sin fuente ni metodología especificada, que mostró que el 92% de los venezolanos estaban agradecidos por la salida de Maduro y el 72% creía que el país avanzaba en la dirección correcta, y señalando que aproximadamente el 70% de los migrantes venezolanos históricamente ha citado el colapso económico, no la persecución política específicamente, como su razón para irse.

Cuando la congresista Wasserman Schultz lo cuestionó directamente sobre la oposición de Heritage a extender el TPS, evitó responder sobre el fondo, diciendo que la política de inmigración y deportación estaba fuera de su área de especialización, una respuesta que ella calificó, de manera directa, como inconsistente con la postura pública más amplia de Heritage en contra de las extensiones del TPS.

Los demás testigos no cuestionaron que las liberaciones de presos y la amnistía fueran reales. Su desacuerdo era sobre si son suficientes y duraderas: que las liberaciones sin desmantelar el aparato de seguridad subyacente son reversibles por diseño, y que la estabilización económica construida sobre un fondo petrolero opaco y un poder judicial capturado corre el riesgo de reproducir la misma corrupción que dice estar corrigiendo. La última ronda de preguntas del congresista McGovern presionó directamente sobre este punto, citando reportes de una relación personal entre el secretario Rubio y Delcy Rodríguez, y elogios públicos del presidente Trump hacia el liderazgo de Rodríguez, y preguntó si el compromiso de la administración está organizado en torno a criterios de derechos humanos exigibles o en torno al acceso a negocios y al sector petrolero. Ningún testigo, incluyendo a Martínez Fernández, señaló criterios democráticos documentados y exigibles vinculados al alivio de sanciones ya otorgado.

Reflexiones finales

Cada testigo cerró con una breve declaración final. Martínez Fernández señaló que Maduro está actualmente preso en Estados Unidos por crímenes contra estadounidenses específicamente, no por crímenes contra venezolanos, y expresó su esperanza de que el compromiso continuo produzca una reforma duradera en lugar de una recaída al sistema anterior. Roby, hablando tanto como abogada como venezolano-estadounidense, argumentó que la liberación incondicional de todos los presos políticos, no como gesto simbólico sino como evidencia genuina de que el régimen está perdiendo su control del poder, sigue siendo la prueba más clara de si el cambio real está en marcha. Borges cerró pidiendo transparencia tanto del lado venezolano como del estadounidense en el tema del fondo petrolero, advirtiendo que la fase de recuperación conlleva un riesgo elevado de nueva corrupción. Tinoco enfatizó la protección y el financiamiento de la sociedad civil venezolana como parte de la solución, expresando la esperanza de que Venezuela se convierta en una historia de éxito y no en otra transición fallida. Dib cerró hablando sobre la autodeterminación: que los venezolanos, no gobiernos extranjeros, deberían decidir en última instancia su propio futuro político, aunque subrayó que la política de Estados Unidos todavía tiene poder de negociación real para hacer ese futuro más posible.

La conclusión

Que Maduro ya no esté no significa que la represión haya terminado. Ese fue el hilo conductor que atravesó casi toda la audiencia, incluso en medio de un desacuerdo real sobre cuánto crédito merece el momento actual. La persecución política en Venezuela no se ha detenido. La tortura, la desaparición forzada, y otros actos que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad están documentados como continuos hasta el presente, ejecutados por los mismos cuerpos de seguridad bajo nuevos cargos.

Liberar presos no es lo mismo que desmantelar el sistema que los encarceló. La protección temporal no es lo mismo que una solución permanente. Y la rendición de cuentas, por lo que ya ocurrió y por lo que sigue ocurriendo, no llega por sí sola; requiere presión sostenida, instituciones transparentes, y mecanismos que trasciendan las prioridades de cualquier administración en particular. Esta no es una historia partidista. Es una historia sobre personas, ya sea que la estén viviendo dentro del país en este momento, o que la estén viendo desde el exilio.

---

Este artículo resume testimonios públicos de una audiencia del Congreso y tiene fines informativos. No constituye asesoría legal. Para orientación sobre asuntos migratorios individuales, consulte a un abogado con licencia.

Fuente: Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, Congreso de Estados Unidos, audiencia pública sobre Venezuela, julio de 2026.